Por la inseguridad. Por la violencia contra la mujer. Por las crisis en el transporte público, en las finanzas del Estado, y en el sector agropecuario. En Tucumán, a través de distintas leyes, rige el estado de emergencia en al menos 16 áreas de gestión. Lejos de “levantar” estas medidas de excepción, en la última sesión legislativa fueron renovadas seis de ellas.

El jueves, entre críticas de la oposición y la defensa del oficialismo, se extendió la vigencia de la declaración de la Emergencia Económica -permite un “blindaje” de las cuentas públicas ante posibles embargos judiciales-; de la Emergencia Hídrica y Social -posibilita la ejecución de obras públicas por vía directa, por su necesidad y urgencia-; y de la Emergencia en el Sistema Eléctrico de Transporte por Distribución Troncal -que habilita inversiones en la red de energía-. Además, se extendió un régimen de excepción a la Ley de Administración Financiera, a través del cual el Poder Ejecutivo podrá seguir con el envío de aportes no reintegrables a la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT), con el argumento que la entidad con participación estatal pueda efectuar obras en barrios y mejorar la prestación de los servicios públicos.

Los productores agropecuarios también se mantendrán bajo este estado, que posibilita el diferimiento de compromisos fiscales para pequeños ruralistas; y que establece además la alícuota “cero” para la actividad pecuaria.

La discusión de estas normas en el recinto dejó un dato “político” sobre la relación entre la Casa de Gobierno y la Cámara legislativa.

A través de una batería de proyectos, el Poder Ejecutivo (PE) había requerido la extensión de las emergencias abordadas hasta el 31 de diciembre de 2023; es decir, dos meses después de que finalice el segundo mandato constitucional del gobernador Juan Manzur.

El vicegobernador, Osvaldo Jaldo, anunció antes de la sesión que las prórrogas se harían hasta el 31 de diciembre, pero de 2020, dadas las expectativas de que, con la llegada de Alberto Fernández a la Casa Rosada, los aspectos críticos que derivaron en las normas de excepción puedan ser superados de una vez. “Tenemos un año para mejorar estas leyes. También para controlar su impacto. Comparto con muchos legisladores que propusieron modificaciones en algunos artículos. Pero también es para celebrar que este cuerpo haya resuelto que (las prórrogas) son por un año”, expresó en el debate el vicepresidente del bloque Justicialista de Todos, Eduardo Cobos.

Una de las ideas que surgió fue la de crear una comisión revisora de la totalidad de las leyes de emergencia que rigen en Tucumán. Nadima Pecci (Fuerza Republicana) pidió sobre tablas el tratamiento de un proyecto elaborado con ese objetivo, aunque finalmente la propuesta quedó fuera del orden del día. “Tenemos que ver si estas herramientas realmente funcionan”, reclamó la bussista, e instó a que se tenga en cuenta el texto de FR para el próximo debate.

Las medidas de excepción

Económica

Para “blindar” las cuentas públicas

Data de la gestión de Julio Miranda. Establece un blindaje legal sobre las cuentas públicas (provinciales, municipales y comunales) ante posibles embargos judiciales. Dispone un principio de previsibilidad en las finanzas públicas. Fue renovada en sesión hasta el 31 de diciembre de 2020.

Eléctrica

Por la distribución y transporte de luz

Vigente desde 2010, esta ley declara que la “expansión” del sistema de transporte eléctrico por distribución troncal constituye un objetivo “prioritario y de interés del Estado provincial”. Establece vías de financiamiento en ese sentido. Fue prorrogada el jueves, hasta el cierre de 2020.

Hídrica

Por catástrofes climáticas

Sancionada en 2007, fue ampliada hasta el 31 de diciembre de 2020. Habilita la gestión y aplicación de recursos para obras hídricas, además de medidas de excepción en favor de los usuarios de servicios públicos de luz y de agua que hayan sido damnificados por catástrofes climáticas.

Agrícola

Diferimiento en el pago de un tributo

En 2015, en la gestión de José Alperovich, se dictó un DNU -ratificado por ley- que declaró la emergencia agropecuaria, ante los daños por las inundaciones. La norma habilita el diferimiento fiscal en el pago del Impuesto Inmobiliario (2015/16/17/18 y 19, inclusive) en inmuebles afectados a la caña de azúcar.

Pecuarios

Una exención en dos impuestos

La norma, vigente desde 2017, fue ampliada hasta el final de 2020. Establece la alícuota de “cero” en los Impuestos sobre los Ingresos Brutos y en la Salud Pública, además de otros beneficios -como reintegro del 20% de lo invertido- para la actividad de producción pecuaria en la provincia.

Transporte

Subsidios para paliar la crisis

Habilita el envío de fondos del Poder Ejecutivo (PE), en carácter de subsidio, a las firmas que forman parte de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat). En 2020 serán girados al menos $ 1.390 millones a modo de aportes estatales.

Seguridad

Una medida por la escalada delictual

Sancionada en 2016, la ley 9.057 fue prorrogada en noviembre hasta el 31 de diciembre de 2021. Habilita al Ejecutivo a omitir la celebración de licitaciones en la compra de recursos y armas, además de facultar a la toma de personal retirado para la prestación de servicio, entre otras medidas.

Cárceles

Los sitios para alojar detenidos

Forma parte de la ley 9.057 y sus modificatorias, pero apunta de manera específica a la declaración de emergencia en cuanto a la infraestructura en cárceles y en calabozos de comisarías. El objetivo es “adecuar, mejorar o ampliar”, según sea el caso, los lugares de detención en la provincia.

Adicciones

Para ofrecer tratamientos

También está incluida en la ley 9.057. En este caso, se apuntó a declarar el estado de excepción en lo relativo al “tratamiento y recuperación” de adictos, con la finalidad de “ampliar” y “profundizar” la construcción de espacios de atención para personas con problemas de adicción.

En lo vial

Por los accidentes de tránsito

Es el aspecto en el que menos se ha profundizado desde las prórrogas de la ley 9.057. Se limita a declarar el estado de emergencia en seguridad vial en toda la provincia, pero no incluye en el articulado las medidas concretas a adoptar, como talleres de capacitación o restricciones en los permisos.

Femicidios

Por la violencia contra la mujer

La declaración del Estado de Emergencia en Violencia contra la Mujer surgió a partir del alto impacto de femicidios en la tasa de criminalidad en la provincia. Dispone medidas de atención a víctimas, como la edificación de refugios y la creación de programas y grupos de trabajo específicos.

Edilicia

Establecimientos en estado crítico

La ley 7.691, sancionada en diciembre de 2005, no tiene fecha ni objetivos que determinen su caducidad, por lo que se mantiene vigente. Declara la emergencia “en los establecimientos educativos, sanitarios, de seguridad y de asistencia social”, y crea una comisión edilicia en la Provincia.

Museos

Para efectuar tareas con agilidad

Aprobada en 2008, no prevé una fecha ni objetivos que fijen su caducidad. Habilita a la contratación y ejecución de tareas apartándose de las licitaciones públicas, en casos de urgencia y necesidad, como prevén las leyes de Obras Públicas y de Administración Financiera.

Clubes

Beneficios para asociaciones civiles

Fue sancionada en 2008, y ampliada hasta que finalice 2020. Entre otros puntos, declara inembargables los aportes estatales entregados a asociaciones civiles sin fines de lucro -deportivas, culturales, artísticas- mediante subsidios o figuras similares. También “blinda” sus sedes, de tenerlas.

SAT

Para mejorar dos servicios públicos

Si bien no es una “emergencia” declarada como tal, sí dispone un mecanismo de excepción a la Ley de Administración Financiera para atender una situación crítica: el servicio de agua y cloacas que presta la SAT. Esta norma habilita el envío de fondos estatales -no reintegrables- hasta 2020.

Viviendas

Para regularizar asentamientos

Sancionada el 30 de diciembre de 2003, declara el estado de emergencia socio-habitacional “al área socio económica de extrema pobreza”. Posibilita la adquisición o cesión de tierras para erradicación, consolidación o regularización de barrios de emergencia y asentamientos. Sin fecha de caducidad.